Luego de que el gobierno brasileño autorizara la instalación de la infraestructura previa para la construcción de la represa Belo Monte en el Amazonas, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) campesinas e indígenas repudiaron la medida. La Procuraduría del estado de Pará también pidió la suspensión del permiso y presentó una acción civil pública contra el gobierno.
El movimiento “Xingú vivo para siempre” dio a conocer un comunicado que lleva la firma de más de 60 organizaciones del estado de Pará, donde se señala que el permiso otorgado por el gobierno brasileño para la instalación de la infraestructura básica para la construcción de la represa, “es el primer gran crimen de responsabilidad del gobierno federal en este año que acaba de comenzar”.
Las asociaciones indigenistas y las comunidades locales se oponen a la iniciativa alegando perjuicios sociales y culturales, que podrían desplazar a más de 16 mil habitantes.
La decisión oficial del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) contempla la “construcción de los canteros pioneros y campamentos” y la autorización para “la supresión de vegetación de 238 hectáreas” sobre el río amazónico Xingú, a 40 Km de la ciudad de Altamira.
Las ONGs denuncian la “liberación de Belo Monte como un acto dictatorial de la peor especie”. El comunicado tuvo la adhesión de secciones locales de Vía Campesina, de la Asociación Brasileña de ONGs (ABONG), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y Asociaciones de Pueblos indígenas de tribus como los Juruna, Arara y grupos ecologistas, de izquierda y de derechos humanos.
El Ministerio Público Federal considera que la licencia es “totalmente ilegal” ya que "no fueron atendidas precondiciones establecidas por el propio Ibama", como la recuperación de áreas degradadas y las medidas que garantizan la navegabilidad de ríos de la región.
Las distintas organizaciones también obtuvieron el aval de figuras de renombre como el cineasta estadounidense James Cameron y el cantante británico Sting.
LA REPRESA
El puntapié inicial lo dio el ex presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, que en agosto de 2010 firmó la concesión pública para la construcción de la polémica represa hidroeléctrica Belo Horizonte, a los márgenes del rio Xingú. La aprobación para la construcción de las obras previas estuvo a cargo de su sucesora, Dilma Rousseff.
El gobierno brasileño cuanta con una participación del 49,98% en el consorcio constructor de la represa que prevé ser la tercera más grande del mundo, detrás de Tres Gargantas en China e Itaipú en la frontera de Brasil y Paraguay.
